Los jubilados deberán reclamar al ANSES un aumento Justo.
" Nueva ola de reclamos se avecina - Los aumentos otorgados por el Gobierno son insuficientes"
Recientemente, se dio a conocer el aumento dispuesto por el Gobierno Nacional para todo el universo de jubilados y pensionados del país. Concretamente, en junio, el aumento será del 6,12%, muy por debajo del 10,9% que hubiera correspondido en el caso de aplicarse la fórmula aprobada por la ley 27.426, actualmente suspendida desde diciembre último.
Recordemos que en marzo el incremento fue del 2,3% más una suma fija de $1.500. Como consecuencia de ello, las jubilaciones y pensiones mínimas obtuvieron un aumento superior al 11,6% que les hubiera correspondido como resultado de la fórmula de movilidad suspendida, sin embargo, los titulares de beneficios con haberes más elevados no corrieron la misma suerte y sus ingresos sufrieron un notorio deterioro. Por ese entonces, el argumento del Gobierno para justificar el tratamiento manifiestamente desigual, dando a unos más que a otros, fue que de esa forma se achataba la pirámide, reduciendo la brecha entre quienes perciben el haber mínimo y aquellos cuyos haberes son más elevados.
Con esa misma lógica, se daba por descontado que tal como pasó en marzo, el aumento para junio de éste año volvería a combinar un porcentaje más una suma fija, con lo que habría un nuevo achatamiento de la pirámide previsional; sin embargo no fue así a lo que se suma el agravante de que ésta vez, lejos de tratar de aproximar el índice dispuesto (6,12%) al resultado que hubiera correspondido por aplicación de la fórmula suspendida (10,9), algo que al menos sí ocurrió en marzo para las jubilacionesmás bajas, para junio el incremento se encuentra bastante por debajo de esa cifra (4,78% menos) y, a diferencia también de marzo, el porcentaje será igual para todos.
Como resultado de los dos aumentos ya decididos para este 2020, todos los jubilados y pensionados del país, sin excepción, se habrán visto perjudicados -en éste primer semestre- con un aumento inferior al que hubieran obtenido con la fórmula suspendida y el deterioro es peor si la comparación se realiza con el índice de inflación para ese mismo período.
El otorgamiento de estos aumentos no escapa a la lógica de la discrecionalidad, la cual ya fue cuestionada por la Corte Suprema en el conocido fallo Badaro cuando, les ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo aprobar un mecanismo de actualizaciones automáticas de los haberes previsionales, a la vez que rechazó por inconstitucional el congelamiento de cientos de miles de haberes entre 2002 y 2006.
Lamentablemente, los errores del pasado parecen reeditarse en estos días, por lo que surge inevitable una nueva ola de juicios de reajuste como única opción para que los jubilados y pensionados, recompongan el haber de sus beneficios ante la siempre galopante inflación. Nuevamente será la Justicia quien deba dar su palabra ante la falta de una ley vigente que, además de previsibilidad, otorgue un marco de garantía a la movilidad de las jubilaciones y pensiones en nuestro país.