TODOS LOS JUBILADOS PUEDEN INICIAR ACCIONES JUDICIALES CONTRA LA ANSES Y RECLAMAR LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS AUMENTOS POR MOVILIDAD, EN SUS HABERES PREVISIONALES.

"Es fundamental que soliciten la integración de sus haberes, considerando la diferencia entre los aumentos discrecionales otorgados por el gobierno y aquellos que les hubieran correspondido de acuerdo a la Ley de Movilidad suspendida. Además, es altamente recomendable incluir en su reclamo la cuestión de la inconstitucionalidad del aumento de marzo de 2018, así como otros factores previsibles que puedan impactar en su situación previsional. Este enfoque integral asegurará que sus derechos estén debidamente protegidos y maximizará sus beneficios futuros."

"Una vez más, al igual que en marzo pasado, nuestros jubilados han recibido un aumento en junio, impuesto discrecionalmente a través de un decreto del Ejecutivo Nacional. Concretamente, el aumento de junio fue del 6,12%, muy por debajo del 10,9% que hubiera correspondido bajo la ley 27.426, que está actualmente suspendida desde diciembre pasado.

En marzo, el incremento fue del 2,3%, además de una suma fija de $1,500. Esto resultó en un aumento superior al 11,6% para las jubilaciones mínimas, si se hubiera aplicado la fórmula de movilidad suspendida. Sin embargo, los titulares de beneficios con haberes más elevados no compartieron esa misma suerte y sus ingresos sufrieron un notorio deterioro. La situación empeoró en junio, ya que el incremento estuvo significativamente por debajo de lo que debería haberse aplicado por ley (4,78% menos).

Como resultado de estos dos aumentos de 2020, todos nuestros jubilados en el país han sido perjudicados durante este primer semestre, con aumentos inferiores a los que les corresponden según la fórmula suspendida. El panorama futuro parece complicado, ya que el plazo de 180 días establecido por la Ley de Emergencia Económica, sancionada en diciembre pasado, para que una comisión especial diseñe una nueva fórmula de movilidad, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año. Esto sugiere que los aumentos pendientes de septiembre y diciembre quedarán nuevamente a merced del Ejecutivo Nacional, lo que, a la luz de la historia reciente, podría perjudicar aún más a nuestros jubilados.

En resumen, nuestros jubilados siguen perdiendo, ya que el Gobierno utiliza la discreción de un decreto para ajustar sus haberes. Su única opción para defender sus derechos es iniciar juicios contra la ANSeS y reclamar los aumentos que les corresponden, además de abordar otros factores que afectan negativamente el monto de sus haberes.

La movilidad es un derecho constitucional respaldado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Está en manos del Congreso legislar sobre la movilidad, como lo ha destacado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus fallos anteriores. Todos nuestros jubilados, incluidos aquellos con jubilaciones mínimas, tienen el derecho y la responsabilidad de defender sus derechos y buscar justicia a través de la ANSeS. Una vez más, será la Justicia quien deba tomar una decisión ante la falta de una ley vigente que garantice la previsibilidad y proteja la movilidad de las jubilaciones."

Este texto aborda el tema de manera más clara y en un tono comprometido.

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